Estimad@s Compañer@s:
La Junta de Andalucía, en el BOJA nº 58 ext. de 22 de septiembre de 2020, ha publicado el Decreto-ley 24/2020 de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (Covid-19); y en concreto, en la Disposición Final Primera se modifica el artículo 28 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en relación a la participación de los servicios sociales comunitarios en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
La excusa es que con esta modificación se va permitir agilizar las listas de espera de la dependencia, pero se desconoce cómo se procederá, quién actuará como puerta de entrada de la información y las solicitudes al Sistema de Andalucía, o quién y dónde se realizará la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA), asesorando y proponiendo a los beneficiarios sobre los recursos de la Ley más adecuados a sus circunstancias.
Desde la Secretaria de Administración Local FeSP UGT-A no entendemos que se proceda hacer esta reforma legislativa, de tan hondo calado, sin contar con el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía que es el órgano superior de participación ciudadana, ni con las Entidades Locales ni con los agentes sociales; por ello exigimos que se lleven a cabo reuniones aclaratorias para saber cuál va ser el papel de los servicios sociales comunitarios.
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